Las CCIE, a través de los integrantes del Consejo de Administración y del Secretario General, se comprometen a:

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• adoptar conductas correctas y respetar los estándares de integridad, honestidad y transparencia, tanto dentro de la organización cameral como en sus relaciones con terceros;

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• tratar los datos personales y la información confidencial en cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales en el país de establecimiento. En ausencia de una normativa local específica, se tomará como referencia la legislación de la Unión Europea;

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• no violar, directa ni indirectamente, bajo ninguna circunstancia, las leyes internacionales vigentes en materia de embargos, controles y cupos aplicables a los flujos comerciales, tanto de importación como de exportación;

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• respetar las normas en materia de competencia y de conflicto de intereses, así como prevenir el riesgo de lavado de activos o de financiamiento de la criminalidad y del terrorismo, también mediante la adopción de procedimientos específicos tales como, a modo de ejemplo, los procedimientos KYC (Know Your Customer) u otros cumplimientos normativos establecidos por las directivas europeas;

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• no desarrollar actividades que puedan configurarse como ilícitos administrativos o penales, tanto conforme a la legislación del país sede como a la normativa italiana.

 

Con referencia al primer punto, el Presidente, el Secretario General y la totalidad del Consejo de Administración deberán asegurarse de que los miembros del propio Consejo de Administración, así como los empleados y colaboradores de la CCIE, no actúen en situación de conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones, según se detalla más adelante. En caso de que se presente una situación de potencial conflicto de intereses, el Consejo de Administración de la CCIE estará obligado a adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para evitar los riesgos derivados de dicho conflicto. Los conflictos de Intereses y las normas aprobadas por el Consejo de Administración cameral para una gestión eficaz de los mismos deberán ser comunicados a Assocamerestero y documentados en un registro específico de la CCIE, el cual deberá actualizarse de forma inmediata cada vez que se produzcan modificaciones que deban ser consignadas.

A tal efecto, las CCIE deberán prever en todo caso —preferentemente ya en la fase de recopilación de candidaturas para los distintos cargos asociativos— la cumplimentación de un cuestionario de autodeclaración similar, por ejemplo, al utilizado para los controles AML (Anti Money Laundering) y CFT (Combatting the Financing of Terrorism), en primer lugar en lo que respecta a la existencia de antecedentes o causas penales pendientes. Ello con el fin de impedir el acceso a los cargos asociativos de mayor responsabilidad (Presidente, Vicepresidente, administrador y tesorero), así como al cargo de Secretario General, por parte de personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso o por un delito culposo vinculado con la actividad empresarial, comercial o pública, excluyendo por lo tanto infracciones no graves (como, a modo de ejemplo, excesos de velocidad o sanciones pecuniarias de escasa entidad o similares) y/o aquellas relativas a la esfera personal, en pleno respeto de los principios de integridad, corrección, buena fe y buena conducta. En consecuencia, cada CCIE deberá comprometerse a que toda persona que ejerza dichos cargos en los órganos y haya sido condenada por un delito (distinto de un delito menor) cese de manera inmediata y automática en sus funciones.

Dichos cuestionarios de autodeclaración —que deberán ser administrados, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de protección de datos personales en el país sede de la CCIE, a todas las personas que ocupen los cargos de Presidente, Vicepresidente, administrador y tesorero— deberán ser puestos en conocimiento de Assocamerestero, en la persona de su Presidente y de su Secretario General, a fin de que, de corresponder, pueda activarse el procedimiento previsto en el artículo 13 del Estatuto y de su Reglamento de aplicación.

En caso de que se inicie, o exista el riesgo de que se inicie, cualquier procedimiento penal (distinto de delitos menores) contra alguna de las autoridades asociativas anteriormente mencionadas, la persona interesada deberá informar de manera inmediata al Consejo cameral, el cual deberá evaluar la relevancia del procedimiento penal y, una vez obtenido el dictamen vinculante del Colegio de Presidentes del Área correspondiente, decidir si corresponde suspender a dicha persona hasta tanto sea condenada o absuelta, o hasta que el cargo sea abandonado. La persona alcanzada por procedimientos penales iniciados o en riesgo deberá, en cualquier caso, proporcionar actualizaciones periódicas sobre el estado de avance y la naturaleza de dichos procedimientos.

Cada CCIE podrá asimismo evaluar la necesidad de introducir medidas menos garantistas y más estrictas en su ámbito específico de aplicación, por ejemplo requiriendo la presentación de un certificado de antecedentes penales —en el país de residencia y/o en Italia— a las personas que detenten los cargos anteriormente mencionados.
 

Asimismo, resulta deseable que:
 

• la CCIE involucre al Colegio de Probiviri (o, en caso de que el Estatuto no lo prevea, instituya una Comisión ad hoc) para la evaluación de la adecuación de dichos criterios a las normas vigentes en el país de pertenencia;

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• el Colegio de Presidentes de cada Área evalúe el impacto reputacional sobre la red cameral de conductas y acontecimientos contrarios a las normas generales de conducta anteriormente indicadas, invitando al Consejo de la CCIE eventualmente involucrada a adoptar las medidas de corrección correspondientes.

 

Cada CCIE se compromete, en todo caso, a prestar la máxima atención respecto de sus administradores y, de manera deseable, de sus propios socios (con especial referencia a aquellas CCIE cuyo Colegio de Síndicos o de Revisores esté integrado por miembros elegidos entre los propios asociados) que no gocen, en Italia o en el país sede, de una buena reputación, a fin de evitar problemáticas no solo para la propia Cámara sino también para toda la red de las CCIE, incluso involucrando —cuando sea posible— a las autoridades diplomáticas italianas acreditadas localmente.

Asimismo, las CCIE podrán requerir a los nuevos socios la presentación de referencias por parte de otros asociados (especialmente en el caso de socios que operen en el país sede de la CCIE) o, en el caso de socios italianos, por parte de la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura (CCIAA) territorialmente competente. No será posible inscribir como socios con derecho a voto, en una misma CCIE, a más de diez unidades productivas o comerciales pertenecientes al mismo grupo empresario o que respondan al mismo sujeto jurídico, ni tampoco a más de tres sujetos con vínculos personales estrechos entre sí (cónyuges, hijos, padres, hermanos y otros parientes hasta el segundo grado). En ambos casos, dichos socios no podrán, en ningún caso, representar más del 10 % del total de socios con derecho a voto. Asimismo, en el Consejo de Administración de una misma CCIE no podrá integrarse más de un representante o empleado de la misma empresa o de unidades productivas o comerciales pertenecientes al mismo grupo empresario, entendido en su máxima extensión, o que respondan al mismo sujeto jurídico.

Se reitera, además, que los miembros del board (en particular, el Presidente y el Vicepresidente), el tesorero y el Secretario General de la CCIE no podrán desempeñar cargos políticos ni en Italia ni en el exterior, ni asumir posiciones públicas que puedan inducir a considerar que su opinión personal coincide con la de la Cámara. En el supuesto de que alguna de dichas personas decida postularse como candidata a cargos políticos electivos, estará obligada a autosuspenderse de su función hasta la celebración de las elecciones y, en cualquier caso, a presentar su renuncia inmediata en caso de resultar electa. También en este supuesto será el Consejo cameral —teniendo en cuenta el dictamen vinculante del Colegio de Presidentes del Área de pertenencia— quien determine cuáles cargos políticos, en el país de residencia o en Italia, quedan alcanzados por esta medida.

Por último, se establece que:

 

• las operaciones e iniciativas camerales “presenciales” deberán mantenerse dentro de los límites territoriales de responsabilidad de cada CCIE (entendidos como tales las regiones o subdivisiones administrativas vinculadas a las ciudades en las que las CCIE cuenten con una organización estable propia, con oficina —propia o alquilada— y personal en relación de dependencia) o, alternativamente, desarrollarse de manera conjunta entre las CCIE interesadas, salvo la existencia de acuerdos bilaterales específicos entre las Cámaras involucradas (en caso de que la CCIE territorialmente competente no esté en condiciones o no tenga interés en participar en la iniciativa) y sin perjuicio de la posibilidad de colaborar con la Embajada de referencia y de incorporar socios también fuera de dichos límites;

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• en el caso de CCIE que operen en un mismo país, será obligatorio definir con claridad el área o las áreas territoriales de responsabilidad de cada CCIE, ya sea mediante la inclusión de una referencia explícita en la denominación de la propia Cámara o en su Estatuto, o bien a través de acuerdos formales específicos entre las CCIE, los cuales deberán ser debidamente comunicados y puestos en conocimiento de todos los posibles interesados.

 

Assocamerestero condena de manera firme y clara las “invasiones territoriales” de una CCIE dentro de la jurisdicción de otra, promoviendo la aplicación de las sanciones correspondientes a aquellas CCIE que infrinjan los reglamentos, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Estatuto.